TERREMOTOS, CORRUPCIÓN Y MUERTE:…

30 junio 202628 julio 2026 emigreat 0 comentarios

TERREMOTOS, CORRUPCIÓN Y MUERTE: Hacia una reconfiguración de la macrocriminalidad en Venezuela

La respuesta del régimen ante los recientes terremotos que han dejado a la población en absoluta indefensión constituye la evidencia definitiva de una realidad que va más allá de una simple mala gestión: la inexistencia de organizaciones de rescate calificadas y el agotamiento de recursos básicos no son errores coyunturales, sino la consecuencia lógica de un sistema de saqueo diseñado. Es, ante todo, la confirmación de que la corrupción, en Venezuela, ha dejado de ser un delito contra el patrimonio público para convertirse en un delito de macrocriminalidad: un instrumento de control estatal cuyo resultado final es la muerte.

La tesis: Corrupción como delito de lesa humanidad

La justicia es un valor inestimable que permite a una nación separar el bien del mal. Debe imperar para la convivencia. No obstante, para que impere, el derecho debe evolucionar ante las innovaciones ideológicas del crimen. Mi tesis es clara: la corrupción en Venezuela debe ser reconfigurada jurídicamente como un delito de “otros actos inhumanos» (lesa humanidad contenido en el Estatuto de Roma), donde el funcionario público no actúa como un mero gestor deshonesto, sino como un engranaje en una estructura de poder organizada que busca la sustracción de recursos como política de Estado para garantizar su permanencia en el poder.

El funcionario como garante y el resultado lesivo

El funcionario público es un servidor y garante de la sociedad, su cargo define sus responsabilidades ante el pueblo. Cuando se desvían fondos destinados a la salud o la seguridad, el resultado lesivo es previsible. Si un contrato de medicamentos es desviado, la consecuencia inmediata no es solo una falta administrativa: permitirá la compra de menor cantidad; de menor calidad; o su no adquisición por el agotamiento de la partida es la creación de una situación de riesgo cuyo resultado con frecuencia, deriva en muertes.

En este contexto, surge un dilema jurídico fundamental: ¿estamos ante una conducta culposa o dolosa? Sostengo que en Venezuela hoy en este delito no existe la culpa ni el dolo eventual, sino dolo directo. La cúpula del régimen ha demostrado conocimiento pleno de la emergencia humanitaria compleja. Al persistir en el saqueo, los funcionarios aceptan y quieren el resultado: la destrucción del tejido social, el hambre, el éxodo masivo y la muerte, como mecanismos necesarios para garantizar su permanencia en el poder.

Tengamos presente que el riesgo siempre es evitable con la omisión de la conducta, por eso, en la Venezuela del socialismo del siglo XXI el fin perseguido con los actos de corrupción abren otro dilema: priorizar la apropiación y/o sujeción del poder político sobre el resultado de muerte, es la pregunta que envuelve el termino de justicia a ser aplicada.

El «nexo causal» en la macrocriminalidad

La defensa técnica podría argumentar la dificultad de relacionar un contrato específico con una muerte individual (el nexo causal tradicional). Es decir, que la conducta corrupta de A es causa de la muerte de B. Sin embargo, el derecho no puede ser estúpido ni estático ante el crimen sistémico. Al tratarse de un diseño institucionalizado donde el saqueo de $23.000 millones de dólares en petróleo o la entrega de minas son ejemplos de la norma, la responsabilidad debe analizarse a través de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. El funcionario de base es sustituible, pero la cúpula, que ejerce el dominio funcional sobre la cadena logística del saqueo, es responsable como diseñador del resultado macro: la destrucción de la nación, la hambruna, éxodo y muertes provocadas como fórmula para mantener el poder.

Los riesgos o peligros generados por la corrupción sobre la población han sido catalogados como una emergencia humanitaria compleja, documentados en múltiples ocasiones por organismos internacionales, esto hace notorio su conocimiento por los venezolanos, incluso por los funcionarios públicos, por lo cual, su ejecución continua deja evidencia de su intencionalidad.

La complicidad necesaria

Este sistema no ha operado en aislamiento. La participación de actores extranjeros, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero – entre otros – ilustra una participación o complicidad necesaria. Su prolongada labor como facilitador, al validar al régimen ante la comunidad internacional, ha permitido perpetuar el saqueo interno. Al actuar como escudo diplomático mientras se ignoraban los informes de organismos internacionales (ONU, OEA, ONG) sobre la emergencia humanitaria, su conducta se convierte en una condición sine qua non para la continuidad de la corrupción letal. Se observa de esta manera en su participación la cualidad de perpetrador o cómplice necesario.

Conclusión: El llamado a una nueva justicia

La corrupción en Venezuela ha sido el arma letal que ha resecado los ojos de madres, incrementado los suicidios y provocado la diáspora de un tercio de la población. No podemos, como nación, cerrar los ojos a la intencionalidad detrás de estos actos. La muerte de niños y ancianos, ocultada por la falta de estadísticas oficiales, es el resultado final de una cadena de decisiones corruptas donde la vida humana fue sacrificada para mantener el poder político.

La paradoja de enfrentar desastres naturales sin un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos, en manos aun de quienes diseñaron la política de saqueo, es el llamado definitivo a la reflexión. Venezuela debe comprender que la destrucción de sus instituciones no fue un accidente, sino el método para degradar a la sociedad. La justicia que hoy exige el país pasa por entender que el saqueo monumental es, en esencia, un crimen de sangre.

@PeterPáezMonzón