Así, metafóricamente, llamó Hans Gunther a este custodio o garante de la legalidad.

Podría decirse que los trazos para contar el camino institucional del Ministerio Público (MP) comenzaron a dibujarse a partir de la Revolución francesa, y continuaron en el tiempo siguiente caracterizado por el fragor de las luchas políticas. En la sucesión de hechos que contribuyeron a perfilar el moderno MP, la transformación de un Estado en otro fue quizá el trazo más relevante.

El naciente Estado era aquel que tenía como tarea principal la construcción del llamado Estado de derecho. Una organización política que se haría visible porque estaba montada, entre otros lomos, en el principio de legalidad. Que quería darle sentido a la historia que empezó a escribirse con las palabras que identificaron a la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad.

Las dos primeras palabras fueron el centro y el soporte legítimo en la creación de nuevas instituciones que, como el MP, debían apuntalar a otro modelo de Estado y al sistema de justicia penal. Desde entonces, no es aventurado decir que el análisis del MP debe desarrollarse entre las fronteras de la política y de la historia.

Karl Jaspers decía que “lo que nos pasa al presente lo comprendemos mejor en el espejo de la historia”. Con el espejo, nos percatamos de los avatares del MP -analizados diáfanamente por autores como Julio B. J. Maier, Alberto Binder y Claus Roxin- que, a su vez, permiten entender por qué carece de tantas cosas.

Habría que preguntarse, concretamente, ¿por qué el nuestro no ha llegado a ser la institución que fortalezca el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y contribuya a la democratización de la República?

Considero que la historia contemporánea del país es un apoyo invaluable para tratar de responder la interrogante.

Cuando el mundo intelectual, académico y la voluntad política se unieron en feliz conjunción para cambiar el sistema de justicia penal, a finales del siglo pasado, el MP fue asombrosamente reticente. Pudo prepararse para el papel protagónico que le asignaba el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución. Sin embargo, no lo hizo. Su omisión, a pesar del tiempo transcurrido, no ha pasado desapercibida. La Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se han visto, varias veces, compelidas a recordarle al MP sus funciones y responsabilidades constitucionales y legales.

Si la falta de sindéresis en casos penales es un hecho de suma gravedad, qué se puede decir de un fiscal general de la República que -con total desparpajo- habló de la corrupción al interior de la institución, después de ocho años bajo su dirección. La publicación de un comunicado del MP informando que más de quinientos funcionarios habían sido investigados, destituidos y algunos condenados, no es -parafraseando a Émile Zola- un “yo acuso”, sino, realmente, un “yo confieso” haber fracasado en la pretendida lucha contra la corrupción institucional.

En el ejercicio pleno de la crítica, hay que decir otras verdades para acendrar las tareas de la institución.

Los fiscales deben ser nombrados por concurso con pruebas escrita, oral, práctica y psicológica. La capacitación de los funcionarios tiene que ser permanente y no espasmódica. Las circulares no son signos que representan ni sustituyen la doctrina del MP. No es posible que la independencia de los fiscales sea una quimera, acentuada por la manida frase: “Tengo que consultar con mi superior y esperar la autorización”. Cada dirección del MP tiene su importancia intrínseca, por lo que es una práctica perversa torpedear las funciones de una para resaltar la de otra. Hay que poner la lupa sobre actuaciones fiscales en materia de niños, niñas y adolescentes, como también en asuntos ambientales. Es necesario revisar la nómina de empleados porque existe un funcionariado inoperante que afecta el menguado presupuesto del MP.

Si estamos en un tiempo completamente distinto al de la génesis del MP. Si el tiempo de maduración de la institución, en Venezuela, requiere más y más de hombres y mujeres democráticos y probos que de metáforas o de recursos literarios, ha llegado la hora de una nueva campanada. La que anuncie la verdadera y definitiva institucionalización de un órgano del Poder Ciudadano muy rezagado en el cumplimiento de su responsabilidad cardinal: el respeto a los derechos y garantías constitucionales.