Aún así, el estudio revela que apenas un 52 % de los profesionales sanitarios venezolanos ejerce su profesión, pues solo tres de los seis países analizados – Perú; Chile y Argentina – promulgaron decretos que promueven la contratación temporal y transitoria de profesionales de salud nacionales y extranjeros durante la emergencia sanitaria.

En este sentido, la OIT insistió en la necesidad de que los países revisen su política para promover la contratación y la empleabilidad del personal de salud migrantes; y refugiadas, con un mecanismo para cerrar su actual déficit de profesionales y fortalecer sus sistemas sanitarios.

Por otro lado, el informe alerta del exceso de trabajo por parte de estos profesionales; que laboran un promedio de 48 horas semanales por un sueldo de entre 300 y 1.000 dólares.

Además, alrededor de la mitad no tiene contrato de trabajo y solamente un 10% cuenta con un seguro de vida en caso de incapacidad o muerte a causa de la covid-19

En este sentido, la OIT hizo un llamado a desarrollar políticas públicas que fomenten a contratación de personal de salud migrantes «bajo un enfoque de trabajo decente»; que ofrezca garantías de respeto a sus derechos.

Un segundo estudio reforzó esta idea, en relación a la «compleja» situación laboral que viven los refugiados venezolanos que; en medio de la crisis sanitaria, vieron una oportunidad de empleo en el sector de reparto de alimentos y medicinas.

Asimismo, el informe «El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en los servicios esenciales del reparto de comida y medicina durante la pandemia de la covid-19» precisa que, en Colombia y Perú, menos del 30 % del personal encuestado cuenta con un seguro contra accidentes, y menos del 20 % con un seguro de salud.

En Argentina, este último porcentaje asciende al 58 %.