Miles de documentos secretos ponen rostro a la represión China en Xinjiang

Miles de documentos secretos ponen rostro a la represión china en Xinjiang: régimen carcelario, niños reclusos y “disparar a matar”

La investigación ‘Los archivos policiales de Xinjiang’, en la que ha participado EL PAÍS junto a otros 13 medios, ofrece una nueva prueba de la magnitud de la persecución de la minoría uigur a través de fotografías del interior de centros de reeducación, fichas policiales y discursos de altos cargos del régimen comunista
Un recluso de un centro de reeducación del condado de Tekes, en Xinjiang, encapuchado, con esposas y grilletes en los pies, es trasladado por agentes en septiembre de 2018.

La brutal y extensa campaña de represión de China contra la minoría musulmana uigur de Xinjiang adquiere rostro por primera vez. Decenas de miles de fichas policiales, fotografías y documentos oficiales de altos cargos del Partido Comunista de China (PCCh), a los que ha tenido acceso EL PAÍS, ofrecen una prueba sin parangón de la magnitud del sistema carcelario instaurado en esta región de la franja occidental china y la paranoia que guía las políticas de Pekín contra las minorías étnicas. La investigación periodística de este archivo, liderada por Adrian Zenz, académico alemán y experto en el análisis de las políticas de opresión china en la zona, en colaboración con 14 medios de 11 países, bajo el título Los archivos policiales de Xinjiang, permite identificar a miles de reclusos de centros de reeducación construidos por China, entre ellos a menores de edad; clasificar los cargos, la mayoría de escasa consistencia, que les mantienen entre rejas; mostrar a través de imágenes tomadas en el interior de las instalaciones las prácticas de detención, interrogatorio y maltrato llevado a cabo por los agentes contra los presos; las instrucciones para el ejercicio policial en los centros propias de la rutina carcelaria, y, finalmente, analizar la transcripción de discursos públicos de los máximos dirigentes del PCCh en Xinjiang, entre ellos su secretario general Chen Quanguo, en los que se apuntala, siguiendo las instrucciones de Pekín, la doctrina de máxima seguridad frente a los presos, a los que se disparará incluso “a matar” si atentan contra los campos o tratan de escapar.

 “Detrás de esta represión sistemática”, señala Zenz en conversación telefónica con EL PAÍS, “está el temor y paranoia expresados por [el presidente chino] Xi Jinping sobre la resistencia de los uigures al intento del Estado de controlarlos”. Según el estudio realizado por este académico, miembro de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, el confinamiento de uigures en campos de reeducación es el “mayor internamiento de una minoría étnica religiosa desde el Holocausto”. Al menos un millón de ciudadanos, la mayoría uigures, han sido encerrados en campos de reeducación repartidos por la geografía de Xinjiang, según una cifra consensuada por periodistas, académicos y Naciones Unidas.

Los archivos policiales de Xinjiang han sido obtenidos por una fuente anónima externa a través de sofisticadas operaciones de intrusión en los sistemas informáticos operados por la Oficina de Seguridad Pública (OSP), la policía china, en los condados de Konasheher, en la prefectura de Kashgar, y Tekes, en la prefectura de Ili Kazakh. El responsable de este hackeo, que prefiere no identificarse por razones de seguridad, ha actuado por iniciativa propia, sin condiciones ni mandato de ninguno de los investigadores involucrados en el proyecto. Los documentos e imágenes han sido verificados por este grupo de periodistas, así como la existencia de tres centros de reeducación de los que se han obtenido los archivos, gracias a un proceso de geolocalización a partir de las fotografías tomadas por los agentes. Hany Farid, profesor experto de la Universidad de Berkeley en el análisis forense de imágenes, ha certificado de igual modo que no hay evidencias de manipulación en los archivos fotográficos.

Ficha policial de Ilham Ismayil, de 27 años, encerrado en el centro de reeducación Industrial Park, en el condado de Konasheher, en Xinjiang.

La prefectura de Kashgar, en la denominada oficialmente Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el vértice fronterizo con Kazajistán y Kirguizistán, es precisamente una de las paradas previstas en el viaje oficial iniciado este lunes por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La visita a los centros de reeducación para uigures, etnia mayoritaria en esta región de unos 25 millones de habitantes, es una de las demandas fundamentales trasladadas a Bachelet por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos. El Gobierno de Xi reconoció por primera vez la existencia de estas instalaciones en la publicación de un libro blanco (documento de referencia que guía la política estatal) en octubre de 2018. No obstante, Pekín rechaza las acusaciones sobre la represión de las minorías en Xinjiang y defiende que estos centros sirven para la educación y formación de “estudiantes”, que cuentan con libertad de movimiento. El régimen denomina a este tipo de internados carcelarios “centro de educación y formación en habilidades profesionales”.

Un 12% de adultos encerrados

Los archivos policiales de Xinjiang muestran una realidad muy diferente. Sirva de ejemplo, según el análisis de las miles de fichas policiales en Konasheher (el registro de los servicios de seguridad abarca a unos 286.000 ciudadanos, casi toda la población de este condado), analizado el censo en el periodo 2017-2018, se concluye que al menos el 12,3% de la población adulta sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena), o prisiones.

Ante las preguntas sobre el contenido de la filtraciónun portavoz de la Embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ha manifestado en un correo electrónico lo siguiente: “Los asuntos de Xinjiang está relacionados, en esencia, con la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo, no los derechos humanos o la religión. Frente a la grave y compleja situación contra el terrorismo, Xinjiang ha tomado una serie de medidas de desradicalización decisivas, sólidas y efectivas. Como resultado, Xinjiang no ha visto ningún caso de terrorismo violento durante varios años seguidos”.

Los archivos policiales de Xinjiang contienen, entre otros documentos, 5.074 retratos tomados en comisarías o centros de confinamiento del condado de Konasheher entre el 6 de enero y el 25 de julio de 2018. Esta es una de las grandes aportaciones hechas por este proyecto de investigación al estudio de la represión china. De estas fotos, 4.989 han podido ser atribuidas a una persona con información detallada en los archivos. EL PAÍS ha analizado una muestra final de 2.884 fichas fotográficas de detenidos que cuentan con datos concretos adjuntos en los archivos obtenidos de la red de informaciones de la OSP china. El grueso de los internados son menores de 30 años (69%), un total de 2.001 ciudadanos. También predominan los hombres, 2.490 (86%), frente a las mujeres, 394 (14%). Su análisis permite afirmar que entre los reclusos hay personas de todas las edades (entre los 15 y los 73 años) y de todos los niveles educativos (desde quienes nunca han recibido educación a universitarios).

Esta investigación periodística se une a otra media docena que desde el año 2019 tratan de dar prueba de la magnitud de la campaña de represión sistemática del régimen comunista contra los uigures, etnia que en su gran mayoría profesa el islam. Xinjiang, que hace frontera hacia el oeste con siete países del Asia Central, es de especial relevancia para Pekín, en primer lugar, por ser lugar de paso en su renovada ruta de la seda, y, en segundo lugar, por razones de seguridad: la denominada China interior está copada, tanto en la esfera social, como en la política y económica, por la mayoritaria etnia han. Esta región, ubicada en la zona oriental de la histórica Turquestán, entre el mar Caspio y el desierto del Gobi, con una historia y cultura ligada a los pueblos túrquicos, de rasgos faciales diferenciadores en relación con los han, ha mantenido un tradicional anhelo de autonomía que Pekín ha rechazado hasta su práctica aniquilación.

Imagen satelital de las instalaciones de un centro de reeducación del condado de Konasheher, en Xinjiang.

El traslado de ciudadanos de la etnia han, en un esfuerzo de modificar la demografía de Xinjiang, derivó a finales de la primera década de este siglo en fuertes enfrentamientos. Uno de los episodios más sangrientos fue el choque entre las comunidades uigur y han en julio de 2009 en Urumqi, capital de la región, que se saldó con alrededor de 200 muertos. Tras varios atentados de grupos separatistas armados, Xi dio luz verde en mayo de 2014 a la campaña de nombre Golpe fuerte contra el terrorismo violento, en la que se enmarca la actual escala de represión en toda la región.

El ciudadano uigur Abdurahman Hasan es uno de las personas que ha confirmado la veracidad de las fichas policiales al identificar a su mujer durante una entrevista mantenida en Estambul (Turquía) con la británica BBC News, que forma parte del grupo de medios detrás de esta investigación. Hasan, un hombre de negocios de Kashgar, que viajaba con frecuencia al extranjero, una actividad que habitualmente levanta sospechas en Pekín, abandonó Xinjiang en enero de 2017, en plena campaña de represión. En el verano de ese año, su mujer, Tunsagul Nurmemet, entonces de 21 años, fue detenida, junto a la madre de Hasan. Según consta en su ficha, Nurmemet fue condenada por “reunir una multitud para alterar el orden social, buscar peleas y provocar problemas”. “Su vida se basó en su familia y tampoco interactuaba mucho con los demás”, explicó Hasan durante la conversación en la ciudad turca. “Ella solo visitaba familiares, no sé si tenía muchos amigos. No tenía una gran red social, ¿cómo pudo reunir una multitud?”. Su sentencia asciende a 16 años de encierro.

El retrato obtenido a partir de Los archivos policiales de Xinjiang muestra a una Nurmemet irreconocible en relación con la foto de carné disponible hasta ahora en bases de datos de uigures víctimas de la represión china. Según la información que recibió Hasan en aquel verano de 2017, su mujer y su madre habían sido “llevadas a estudiar”.

Esta versión, la del estudio, coincide con muchas otras escuchadas por familiares de los desaparecidos . Así fue con Nursiman Abdureshid, de 33 años, entrevistada por EL PAÍS también en Estambul. Sus familiares aparecen en fichas de la policía en la prefectura de Kashgar. En el verano de 2017, Abdureshid, que residía ya en Turquía desde hacía dos años, conoció gracias a una llamada a unos parientes que su padre y su hermano pequeño habían sido llevados a un “programa de educación”. El mayor de sus hermanos se encontraba ya desde 2016 encerrado por una supuesta deuda no cubierta. Le pidieron que no llamara más, que sus familiares estaban bien. En junio de 2020, Abdureshid logró que la embajada china en Turquía confirmara las penas impuestas, todas superiores a una década entre rejas. “Pregunté cuáles eran las razones por las que les habían condenado”, relata durante la entrevista Abdureshid, “y me dijeron que por ‘perturbar el orden social’ y que podrían tener la intención de participar en actividades terroristas”. El padre de la joven había sido funcionario del Estado y miembro del PCCh. Ella cree que su salida de Xinjiang, sumada a la de su otra hermana, que vive en EE UU, desató las sospechas y la represión contra su familia.

Documentos confidenciales chinos filtrados para las investigaciones ‘Xinjiang Papers’ y ‘Los archivos policiales de Xinjiang’.

Los archivos policiales de Xinjiang cuentan también con decenas de fotografías tomadas por las autoridades y servicios de seguridad en el condado de Tekes, en la prefectura de Illi Kazakh. Una treintena de esas imágenes, tomadas entre abril de 2017 y septiembre de 2018, corresponde a escenas tomadas en el interior del centro de reeducación de ese condado. A diferencia de lo expuesto públicamente por Pekín, la acción de los agentes dentro de las instalaciones, su armamento y el trato de los reclusos dista enormemente de lo que se espera de un centro de formación profesional.

Esposas, capuchas y la ‘silla del tigre’

En las fotografías, los reclusos son trasladados de un lugar a otro encapuchados y con esposas en las muñecas. Hay agentes armados con palos, normalmente de etnia uigur, pero también con rifles de asalto y material antidisturbios, que generalmente portan uniformados de etnia han. Los interrogatorios, según el carrete de fotos sacado de Tekes, se desarrollan en las conocidas como sillas tigre, que forman parte del repertorio de instrumentos usados para la tortura en China, según recoge la ONG Human Rights Watch. Varias secuencias de estos documentos muestran prácticas habituales ya expuestas en la filtración Los cables secretos de China, como la inyección de reclusos, en este caso de varones, normalmente para aportes alimenticios o análisis, así como la obligatoriedad de recitar a diario la doctrina del campo de confinamiento o recibir en grupos la propaganda de autoridades locales.

Se estima que un millón de ciudadanos han pasado por estos centros de reeducación, una cifra que podría resultar muy conservadora, a la vista de lo expresado en uno de los discursos políticos más reveladores incluidos en la filtración. Se trata del pronunciado por el ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, en su visita a Urumqi, el 15 de junio de 2018, y clasificado como “documento secreto”. Este archivo transcrito concuerda con las informaciones y fotografías en prensa local del dirigente comunista durante su estancia en la capital de Xinjiang. Zhao, según este papel, cifró durante su comparecencia en dos millones los ciudadanos de Xinjiang “influenciados” por el independentismo, así como otros dos millones por pensamientos extremistas religiosos. Son dos de los tres “demonios” que Pekín sitúa en su particular eje del mal: terrorismo, separatismo e islamismo radical.

Zhao se felicita por la estabilización de Xinjiang a través de la campaña Golpe fuerte contra los terroristas ―”tan pronto como asomen la cabeza”, dice el ministro chino―. El dirigente del PCCh informó durante su discurso de que 20.000 “terroristas” habían sido “destruidos” ―no concreta ni quiénes eran, ni su destino final―, un número que superaba en más de cinco veces el total de los 10 años anteriores. Zhao felicitó en su intervención al líder de esta campaña de “estabilización” de Xinjiang, el secretario general del PCCh en la región (2016-2021), Chen Quanguo, sancionado por Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de las minorías étnicas en Xinjiang.

Un grupo de reclusos del centro de reeducación de Tekes, en Xinjiang, vigilados por varios agentes, en septiembre de 2017.

Chen, un ejemplo para Pekín por su desempeño en Tíbet antes de asumir el cargo en Xinjiang, es considerado el gran artífice de la represión contra los uigures y, en especial, de la proliferación de centros de reeducación a partir del año 2017. Las palabras de Chen en los discursos contenidos en Los archivos policiales de Xinjiang dan fiel cuenta del nivel de opresión llevada a cabo en estas instalaciones destinadas al castigo y confinamiento. En una de las intervenciones ante los suyos, el 28 de mayo de 2017, este dirigente comunista califica de “humano” el internamiento en estos centros por el simple hecho de contar con aire acondicionado, raciones de comida diarias y la posibilidad de que los presos reciban visitas.

Pese a que el análisis de los documentos contenidos en la filtración Los cables secretos de China permitía concluir que el tiempo habitual de internamiento en los centros de reeducación era de un año, el enviado de Pekín a la región puso en tela de juicio con sus palabras aquel mayo de 2017 incluso la libertad de algunos reclusos. “Si salen”, manifestó Chen, “los problemas vuelven inmediatamente, esa es la realidad de Xinjiang”. El tono es más radical en una nueva comparecencia transcrita y que data del 18 de junio de 2018. “Nadie debe nunca planear atacar las instalaciones de un internamiento”, pronunció Chen, “tan pronto como haya alguien que se mueva [contra los centros], se debe abrir fuego con determinación”. En esa misma intervención y recordando los actos violentos en Urumqi de 2009, Chen sostuvo que las fuerzas de seguridad deben actuar ante los que desafíen la ley bajo la premisa “matar primero y luego reportar”.

Las palabras del secretario general del PCCh en Xinjiang hasta el pasado año no cayeron en saco roto. Varios documentos incluidos en la memoria de archivos obtenida de los sistemas informáticos de la policía china en la zona convierten la doctrina de Chen en un pilar fundamental en los protocolos de actuación ante, por ejemplo, intentos de huida de los “estudiantes”, una obsesión dentro de la paranoia de vigilancia desplegada por Pekín. Uno de esos documentos relata cómo enfrentarse a una fuga: se avisará a las autoridades locales, se cortarán carreteras y se enviarán a fuerzas especiales. “Si los estudiantes no escuchan los consejos”, dice la instrucción, “la policía armada puede disparar un tiro de advertencia”. Si persisten en su intento de escapar se abrirá fuego “a matar”.

“Los campos de reeducación”, concluye Zenz, académico que, por su estudio de la represión china en Xinjiang, ha sido sancionado por las autoridades de Pekín, “están diseñados para cambiar las mentes de los uigures, sus corazones, para deshacer la lealtad a su cultura, historia, su herencia túrquica, incluida la fe religiosa; cambiar todo eso, cortarlo de raíz y orientarlo hacia el Partido Comunista de China”.

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