No hubo orden de aprehensión, solo la fuerza bruta contra una mujer cuyo único escudo era la Constitución.

 Al día siguiente, el entonces presidente Hugo Chávez, en un acto de inherencia sin precedentes, exigió para ella la pena máxima: “30 años de prisión pido yo para esa jueza”, exclamó ante las cámaras, bautizándola como la “presa personal” del poder ejecutivo.

Lo que siguió fue un descenso a los infiernos. Afiuni no solo perdió su libertad; fue enviada a una cárcel común junto a mujeres que ella misma había sentenciado. Allí, el ensañamiento fue total: torturas físicas, falta de atención médica y abusos que dejaron secuelas permanentes en su salud.

El sistema inventó fisuras jurídicas inexistentes, como la “corrupción espiritual”, para justificar lo injustificable: que, en Venezuela, ser juez honesto se paga con la vida y la dignidad.

El caso Afiuni se convirtió en el “efecto inhibitorio” perfecto. Fue el mensaje de terror enviado a todos los magistrados del país: “Si no obedecen al Palacio de Miraflores, este será su destino”.

Hoy su nombre sigue siendo el símbolo de la resistencia institucional y un recordatorio de que, sin jueces libres, no existe ciudadano protegido. Su valentía es la crónica de una mujer que prefirió la celda antes que la genuflexión ante la tiranía.

Recordar su caso es un deber ético para quienes creemos que la justicia debe ser ciega ante el poder, pero implacable ante la ley.

¡PROHIBIDO OLVIDAR!!