VENEZUELA: EL FUTURO POR DEFINIR

Al hablar sobre Venezuela el presidente de los Estados Unidos invocó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2026 la expresión: “Al vencedor pertenecen los despojos”, para reinstaurar el derecho de conquista y saqueo como botín estratégico, se introduce una narrativa preocupante: la normalización de una política de fuerza como fuente de transacciones económicas internacionales, por encima de los principios tradicionales de autodeterminación y soberanía de los pueblo, y de la dignidad humana, la paz y la justicia. Este giro pragmático de la geopolítica actual expone el resurgir de visiones colonialistas que, ante la inacción, omisión y el fracaso institucional de los mecanismos establecidos por la comunidad internacional para hacer efectiva la responsabilidad de proteger a los pueblos, terminan por validar la primacía del más fuerte en función de sus intereses de seguridad y abastecimiento.

La fuerza, sin embargo, no otorga legitimidad ni autoridad moral; la sumisión de las sociedades bajo estos esquemas se sustenta estrictamente en el miedo. Este sentimiento, cuando se prolonga de manera indefinida, puede derivar en una profunda indefensión aprendida que normaliza la violencia y la carencia institucional como variables inamovibles del entorno. Pero el miedo no es eterno. Históricamente, la costumbre y el coraje abren paso a una resistencia silenciosa que permanece como semilla de futuros conflictos.

En el escenario venezolano actual, la convergencia de presiones externas e internas responde a una compleja red de intereses a menudo contradictorios. Por un lado, la administración estadounidense opera bajo una lógica transaccional de seguridad nacional, buscando estabilizar el flujo de recursos como el petróleo, el oro y los minerales raros mediante acuerdos comerciales que priorizan su propio bienestar económico a costa del botín estratégico saqueado o por saquear. Por otro lado, el régimen que detenta el control de los aparatos civiles, militares y represivos del país sirve de instrumento a esta apertura económica para asegurar su propia permanencia, eludir su colapso total y sobrevivir al momento. En medio de esta dinámica, coexisten sectores de las cúpulas partidistas de una oposición tradicional cuyo capital y liderazgo político se han diluido frente al liderazgo personal de María Corina Machado y el deseo radical del ciudadano de ver surgir otros líderes confiables. Este grupo tradicional ve en la prolongación del caos, en los diálogos y en las negociaciones tuteladas, una oportunidad para debilitar la fortaleza de la líder opositora. Para estos actores, dilatar los plazos y fragmentar el respaldo popular se convierte en una estrategia de supervivencia destinada a ganar tiempo, desgastar los liderazgos de ruptura y reacomodar sus propias fuerzas políticas.

Frente a esta coyuntura, la memoria histórica enseña que las soluciones impuestas por la fuerza o el reparto cupular no resuelven el fondo de las crisis estructurales. El futuro del país se debate así en un dilema fundamental: perpetuar el actual esquema de control tutelado para satisfacer las urgencias del mercado internacional, las élites tradicionales, la permanencia del régimen, y la sobrevivencia de la corrupción o emprender el difícil camino hacia la construcción de una república democrática, cimentada en los deseos ciudadanos de orden, trabajo, libertad y convivencia legítima.

La viabilidad de esta alternativa democrática frente al muro del desmantelamiento institucional no puede depender de milagros políticos ni de intervenciones mesiánicas. La ruptura de la sumisión por la indefensión aprendida exige una ruta de acción concreta que comience desde la base: sembrar el pensamiento crítico a través de la lectura, el debate informado y la pedagogía ciudadana. A partir de esta conciencia individual, la solución transita por la articulación de una organización social independiente, autónoma y descentralizada. Esta red civil debe convertir la protesta cívica y el reclamo local legítimo por servicios públicos eficientes e instituciones justas en la escuela de una nueva cultura política. Este proceso de reconstrucción comunitaria debe avanzar de forma paralela y coordinada con la exigencia activa de elecciones nacionales genuinas a la brevedad posible; no se trata de esperar a que el tejido social madure de forma aislada, sino de utilizar la propia organización autónoma social como la fuerza motriz necesaria para arrancar, vigilar y defender un proceso electoral inmediato y verdaderamente libre. Entender cada demanda cotidiana como el ejercicio práctico del autogobierno y de la dignidad humana es lo que permitirá que, en este tejido social independiente, germinen de manera orgánica los nuevos liderazgos democráticos en quienes la sociedad pueda depositar una confianza renovada.

Finalmente, este proceso de reconstrucción ética y moral requiere una fórmula rigurosa para la convivencia futura. El nuevo modelo social, si bien no puede fundamentarse en el odio o el resentimiento estéril, no puede propiciar el olvido, la impunidad o su repetición, es necesario justicia. La justicia que brote del perdón y la reconciliación para que sea viable y no se traduzca en impunidad, no puede surgir de una tolerancia ciega. Es indispensable para el perdón el reconocimiento explícito del daño causado al país, a la sociedad, a la familia y al hombre, así como del saqueo, persecuciones, torturas y todos los delitos de lesa humanidad cometidos; es necesario un arrepentimiento real y sincero, la reparación justa de sus víctimas, y medidas de prevención para que no exista repetición. Solo a través de este acto de respeto, reconocimiento y dignificación de las víctimas individuales y de la nación venezolana, se podrá restaurar la confianza colectiva, abriendo con la verdad los canales de comunicación necesarios para fundar una nueva sociedad sobre valores, y bases sólidas e institucionales como bien mayor para todos. Al mantener el régimen tutelado la conducta de saqueo, corrupción, persecución e indiferencia al sufrimiento humano evidencia voluntad y dolo criminal, un profundo desprecio por el hombre y la inexistencia de arrepentimiento, despreciando expresamente el logro de la justicia social que impone el cuidado mutuo. Esto deja claro que como medida de prevención su ideología del régimen y las organizaciones que le han sostenido deben ser ilegalizadas y apartadas de manera clara y contundente para impedir que se repita la desgracia vivida, garantizando que no haya espacio para la impunidad ni para un nuevo ciclo, o ¿ cómo y cuál sería el esfuerzo por hacer que haga viable un futuro compartido ?

@PeterPáezMonzón