Rahile Omer arquea levemente la comisura de los labios, como si tratara de esbozar una sonrisa imposible, mientras mira a la cámara con los ojos fijos. Es 20 de marzo de 2018, y esta adolescente uigur, que en ese momento tiene 14 años, posa para una fotografía en alguna comisaría o centro de detención en Konasheher, condado de la región de Xinjiang, en el oeste de China. No ha cometido ningún delito, pero las autoridades la consideran potencialmente peligrosa por sus vínculos familiares: sus dos padres habían sido detenidos meses atrás por causas también inconsistentes. La imagen de esta menor es una de las 2.884 fotografías de ciudadanos de etnia uigur detenidos e internados que han salido a la luz en Los archivos policiales de Xinjiang, una filtración que por primera vez permite poner rostro a la represión sistemática de Pekín contra esta minoría musulmana de China.
La documentación —obtenida por una fuente externa que prefiere mantener el anonimato por razones de seguridad a través de una intromisión en los sistemas informáticos de la Oficina de Seguridad Pública, la policía china, de los condados de Konasheher y Tekes— incluye 454 hojas de cálculo con información registrada entre 2017 y 2018 de aproximadamente 301.000 personas. Según se desprende del número de sus tarjetas de identidad, 286.000 tienen residencia en Konasheher, básicamente la totalidad de la población en 2018. En total, 282.492 de todos estos ciudadanos fichados por la policía son uigures —entre ellos, 97.689 menores—, de acuerdo con la información estudiada por un equipo liderado por el investigador alemán Adrien Zenz, miembro de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, y verificada por 14 medios de 11 países, incluido EL PAÍS.
Entre los adultos, 22.762 tienen al menos dos anotaciones relacionadas con su ingreso en algún tipo de centro de internamiento o prisión, mayoritariamente entre 2017 y 2018, como la fecha o el motivo de la detención, el nombre o la localización de las instalaciones en las que fueron arrestados o la duración o el tipo de la pena impuesta. Es decir, la primera conclusión de la filtración es que al menos el 12,3% de la población adulta de Konasheher sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena) o prisiones en el periodo analizado a partir de los archivos.