El 24 de mayo de 2017, dos días antes de que se cumpliera un mes del asesinato de Juan Pablo Pernalete, la entonces fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmó en una rueda de prensa la razón de la muerte del joven estudiante de 20 años: el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana en una protesta. Esa fue la primera vez que una autoridad del Estado explicó públicamente cómo las fuerzas de seguridad mataron a un ciudadano en el contexto de manifestaciones antigobierno de ese año. Sin embargo, el caso sigue impune después de ocho años.

La hoy exfiscal General de la República se esmeró en detallar en aquella alocución cómo todas las experticias, inspecciones, análisis técnicos y de laboratorio y declaraciones de testigos que recogió su equipo demostraban la culpabilidad de la GNB y así desmontó la tesis promovida por el gobierno: que a Pernalete lo asesinaron sus propios compañeros de marcha con una pistola de perno cautivo, un arma usada para sacrificar ganado. 

El retraso de la justicia en el caso de Pernalete no es el único. Desde el Ministerio Público y los tribunales del país se ha dilatado, una y otra vez, la resolución de al menos 70% de las ejecuciones extrajudiciales que cometieron las fuerzas policiales y militares venezolanas en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2014, 2015, 2017 y 2019. Así lo revela esta investigación de Runrun.es que entrevistó a los parientes y abogados de 27 de las 104 víctimas que murieron en estos años, además de una serie de expertos en derechos humanos, leyes y derecho internacional.