De Yalta a Caracas: …
DE YALTA A CARACAS: VENEZUELA Y EL NUEVO ORDEN SIN SOBERANÍA
2026 no esperó a nadie
El que dijo “2026 sorpréndeme” puede sentirse satisfecho. No llevamos ni una semana y el tablero geopolítico ya está en pleno movimiento. La captura de Nicolás Maduro sacudió a América Latina, activó reuniones de emergencia y volvió a dejar en evidencia algo que muchos se niegan a aceptar: el poder real ya no opera como antes.
Y mientras el foco estaba puesto en Venezuela, casi en paralelo, en Burkina Faso se denunciaba un intento de golpe de Estado con apoyo externo. África y América Latina, otra vez, como escenarios secundarios de disputas mayores.
Cuesta no notar la señal. No son hechos aislados. Son síntomas. Y cuando los síntomas aparecen tan temprano en el año, conviene dejar el comentario superficial y empezar a leer el trasfondo.
No fue una guerra, fue una captura
En Venezuela no hubo guerra declarada. No hubo mandato del Consejo de Seguridad. No hubo consenso internacional. Hubo algo distinto y mucho más inquietante: una captura legal-militar, ejecutada bajo marcos jurídicos estadounidenses ampliados tras el 11-S —como la Authorization for Use of Military Force—, que permiten actuar sin pasar por las formas clásicas de la guerra.
Digámoslo sin rodeos: la guerra del siglo XXI ya no comienza con tanques cruzando fronteras, sino con órdenes judiciales respaldadas por fuerzas especiales. No se invade al Estado; se extrae al dirigente y luego se administra el vacío.
Ese es el precedente. Y no es menor.
El detalle que rompe el relato
Si esto fuera justicia, ¿por qué la selectividad? Fueron capturados Maduro y Cilia Flores. Pero quedaron intactos —pese a acusaciones vigentes— Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López, Tareck El Aissami. Es decir, el aparato.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se descabeza al símbolo y se preserva la estructura?
Porque no se buscaba destruir el régimen, sino reordenarlo sin desestabilizarlo.
Hipótesis A: facilitación o traición interna
Una primera hipótesis apunta a facilitación interna. Existen declaraciones regionales que señalan derechamente una entrega, apuntando incluso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como posible eslabón clave en la operación. No sería extraño: en escenarios de colapso controlado, las élites suelen sacrificar a la figura principal para preservar el sistema y renegociar su continuidad.
El hecho de que Delcy Rodríguez asuma de inmediato como presidenta interina no desmiente, sino que parece confirmar la hipótesis de una transición negociada desde arriba, donde el problema no era el régimen en sí, sino quién lo encarnaba y bajo qué condiciones debía continuar.
Ahora bien, reducir todo a una traición personal —sea de Delcy u otro actor— sería insuficiente. A lo sumo, pudo ser una condición necesaria, pero no la explicación completa de una operación de esta magnitud.
Hipótesis B: negociación estructural y transición administrada
La segunda hipótesis —más amplia y, a mi juicio, más plausible— es la de una negociación estructural previa entre las principales potencias. No solo canales diplomáticos discretos y mediadores indirectos, sino también acuerdos tácitos entre Estados Unidos, Rusia y China, donde Venezuela aparece como pieza de intercambio dentro de un tablero mayor. A esto se suman figuras internas “negociables”, funcionales a una transición controlada.
No para democratizar de golpe, sino para asegurar estabilidad, control político y acceso ordenado a recursos estratégicos.
Dicho sin eufemismos: algunas caídas no son colapsos. Son transiciones diseñadas desde arriba, donde el pueblo es espectador y la soberanía, una ficha más en una negociación que se juega muy lejos del territorio.
Hipótesis C: el poder más allá de los Estados
Si las hipótesis A y B se mueven en el plano de los Estados, la tercera obliga a mirar más arriba —y más hondo—.
Existe una lectura que no puede ignorarse, aunque deba tratarse con cuidado. Una lectura que no se queda en la disputa entre Estados ni en el simple recambio de hegemonía, sino que observa cómo el poder real opera a través de redes que atraviesan fronteras, ideologías y antagonismos aparentes.
Desde esta perspectiva, Estados Unidos, Rusia y China no siempre actúan como proyectos soberanos cerrados y excluyentes, sino también dentro de un sistema de interdependencias, transacciones y tolerancias cruzadas donde pesan intereses financieros, energéticos y estratégicos que no responden plenamente a ninguna nación en particular.
Esto no significa que “todo esté controlado” por una sola mano invisible —esa idea conduce a la parálisis y al derrotismo—, pero sí obliga a abandonar la ingenuidad: la soberanía no se recupera cambiando de amo.
Algunos camaradas han planteado, con fundamentos históricos, la persistencia de élites transnacionales y proyectos geopolíticos que sobreviven a los cambios de época. Se menciona, por ejemplo, el rol del sionismo político —entendido no como identidad religiosa o étnica, sino como red de influencia estatal y financiera—, así como la integración de China al sistema financiero global heredado, lejos de una ruptura absoluta.
No se trata de confirmar ni de negar estas sospechas como verdades definitivas. Se trata de extraer la conclusión central: ninguna potencia externa construirá soberanía para otros.
Para América del Sur, esto es decisivo. El dilema no es elegir entre Washington, Pekín o Moscú, ni entre izquierda o derecha globales. El verdadero desafío es salirse de esos ejes, romper la lógica de alineamientos automáticos y construir un proyecto ecuménico propio, basado en territorio, recursos, cultura y voluntad política compartida.
¿Un nuevo Yalta?
Cuando se habla de “repartija” conviene dar contexto. En 1945, en la Conferencia de Yalta, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial acordaron zonas de influencia y el diseño del orden de posguerra. No fue un acuerdo moral ni democrático: fue la formalización de una verdad incómoda. El mundo se organizó según quién podía imponer orden y quién no.
Hoy no existe un Yalta firmado ni fotografías de líderes sellando el reparto. Pero sí algo más sutil —y quizás más peligroso—: un sistema de tolerancias cruzadas sin actas ni anuncios, donde cada potencia empuja sus límites mientras observa la reacción de las otras.
Estados Unidos actúa sin mayores costos en su hemisferio; Rusia concentra su esfuerzo estratégico en Ucrania; China observa con paciencia, asegura recursos críticos y toma nota de los precedentes legales y políticos que se van estableciendo. En ese marco, Taiwán aparece como la gran incógnita estratégica: no necesariamente como un movimiento inmediato, pero sí como una pieza futura en un tablero donde cada intervención crea jurisprudencia de hecho.
No se trata de un pacto explícito, sino de realismo expectante: nadie firma nada, pero todos aprenden hasta dónde puede llegar el otro sin que el sistema colapse.
Del régimen fallido al protectorado funcional
Aquí aparece el riesgo mayor. Cuando desde Washington se habla de “administrar” el país, de traer grandes corporaciones para “reparar” la infraestructura y conducir una transición “sensata”, la historia ofrece precedentes claros: Panamá tras Noriega, Irak tras 2003.
En su momento, se invadieron países enteros bajo el pretexto de supuestas armas de destrucción masiva que nunca existieron. Hoy, el argumento muta: ya no son las armas químicas, sino el narcoterrorismo el que sirve para justificar capturas, intervenciones y reordenamientos forzados. Resulta, como mínimo, llamativo que se invoque ese criterio en Venezuela, cuando existen países de la región con niveles de producción y exportación de droga muy superiores que jamás han sido objeto de este tipo de acciones.
El patrón es evidente: el argumento cambia, pero la lógica permanece. Estados Unidos actúa como si se asumiera a sí mismo como el sheriff del mundo, arrogándose el derecho de decidir quién gobierna, quién cae y bajo qué condiciones se “normaliza” un país.
Cambiar al gobernante no devuelve soberanía si el control económico, energético y financiero queda fuera. La democracia puede volver como fachada, mientras la dependencia permanece intacta.
La crítica incómoda: pueblo, conducta y soberanía
Hay algo que también debe decirse, aunque incomode. Mientras Estados Unidos intervenía Venezuela con el objetivo evidente de controlar y reordenar el país —y, sobre todo, asegurar el dominio sobre sus recursos estratégicos y su petróleo—, migrantes venezolanos, muchos de ellos ilegales, salieron a celebrar en las calles de numerosas ciudades. Ruido, escándalos, desorden.
En Estados Unidos, esas concentraciones terminaron en detenciones y deportaciones inmediatas. En Chile, el patrón fue similar: tacos, basura y caos.
Un pueblo que no luchó por su soberanía y que celebra que el matón del barrio se apodere del control de su país difícilmente puede sostener un proyecto soberano. No es una crítica racial ni cultural. Es una constatación política.
Por cierto, esto no surge de la nada. Es el resultado de años de destrucción del tejido social, dependencia y una ingeniería del colapso que expulsa población y descomprime el conflicto interno. Hay responsabilidad popular, sí. Pero también hay diseño.
Burkina Faso y el patrón que se repite
Mientras muchos miraban solo a Venezuela, África volvió a mostrar el mismo síntoma. En Burkina Faso se denunció un nuevo intento de golpe de Estado contra el gobierno de Ibrahim Traoré, con apoyos externos y redes transfronterizas orientadas a desestabilizar al país.
El mensaje es claro: cuando un país del Sur Global intenta afirmar autonomía política, militar o económica, su soberanía se vuelve vulnerable a intervenciones no convencionales. América Latina, África y partes de Asia parecen compartir un mismo destino estructural: ser tableros secundarios en disputas mayores, donde la soberanía formal existe, pero la soberanía real es constantemente puesta a prueba.
2026 como año bisagra
Maduro no es santo de nuestra devoción. Nunca lo fue. Pero condenamos la acción de Estados Unidos porque sienta un precedente profundamente preocupante para el mundo y, sobre todo, para Sudamérica, región que Washington sigue considerando su patio trasero.
Con la obediencia y subordinación de los presidentes de derecha de la región —y con el ascenso de Kast en Chile— esa lógica se refuerza. No es casual. El triángulo del litio es visto como objetivo geoestratégico por el Comando Sur de Estados Unidos. Recursos críticos, control territorial, gobiernos alineados.
Si así comenzó enero, ¿qué podemos esperar del resto del año? Todo indica que estamos entrando en un tiempo bisagra: un período donde la ley acompaña al poder en vez de limitarlo, y donde los países sin soberanía real no deciden su destino: lo celebran o lo padecen.
Declaración soberanista final
Defender la soberanía no es defender gobiernos ni líderes.
Es defender el principio básico de que ningún país —y menos en Sudamérica— puede ser capturado, administrado o reordenado por la fuerza legal-militar de una potencia.
La salida no está en cambiar de bando, de eje o de tutor.
La salida es construir soberanía propia, más allá de las etiquetas ideológicas, en un proyecto ecuménico que vuelva a unir territorio, pueblo y destino.
Porque si hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquiera.
La soberanía no se delega, no se administra y no se agradece.
Se ejerce.
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