Militares salieron a matar a manifestantes tras elecciones del 28J, según informe de la ONU
Militares salieron a matar a manifestantes tras elecciones del 28J, según informe de la ONU
Según el informe la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, la respuesta de la GNB y del Ejército no tuvo como objetivo disuadir o controlar disturbios, sino causar muertes
Por El Nacional
diciembre 20, 2025
Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela documentó que funcionarios militares recibieron instrucciones previas para reprimir con violencia las protestas que estallarían tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que derivó en la muerte de manifestantes en Maracay, estado Aragua.
Según el informe, citado por Infobae, la respuesta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ejército no tuvo como objetivo disuadir o controlar disturbios, sino causar muertes. “De acuerdo con un miembro del Cicpc citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar”, señala el documento de la ONU.
Las protestas se produjeron en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche del 28 de julio. Al día siguiente, el 29 de julio, se registró una intensa manifestación en las inmediaciones de la redoma del obelisco de San Jacinto, en Maracay, que se extendió hasta horas de la noche.
El saldo fue trágico: seis manifestantes murieron por impactos de bala en zonas vitales del cuerpo. La Misión determinó que “en todos los casos, las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales”, lo que refuerza la conclusión de un uso letal e indiscriminado de la fuerza.
El primer fallecido fue Rancés Daniel Yzarra Bolívar, quien se encontraba cerca del estacionamiento del diario El Aragüeño cuando recibió un disparo en el pecho. Otras víctimas identificadas fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, quienes murieron frente a la entrada principal de la Brigada de Paracaidistas del Ejército.
Un análisis forense independiente realizado por la organización Physicians for Human Rights concluyó que las lesiones de Jesús Tovar “son consistentes con el patrón de heridas de una escopeta”, arma de uso habitual de la GNB, disparada con munición de perdigones grandes (“buckshot”) a una distancia de entre uno y diez metros.
Operativo militar previamente planificado
El informe de la ONU, reseñado en un reportaje de la periodista Sebastiana Barráez publicado en Infobae, indica que antes de las elecciones los efectivos militares recibieron órdenes de prepararse ante protestas inevitables. “Desde antes de las elecciones se nos ordenó prepararnos porque habría protestas, por ello sé que nuestros superiores sabían que se iba a cometer un fraude”, declaró un oficial a Infobae.
Desde horas de la tarde del 29 de julio, dos Grupos de Respuesta Inmediata (GRI) de la GNB, equipados con escopetas, gases lacrimógenos y un vehículo blindado VN4, se desplegaron en la zona. Efectivos de la GNB, del Ejército y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se apostaron tanto dentro como fuera de la Brigada de Paracaidistas.
La Misión documentó que, tras lanzar gases lacrimógenos sin advertencia previa, los cuerpos de seguridad respondieron con disparos de escopeta contra los manifestantes. “Los funcionarios de la GNB y los soldados del Ejército respondieron con disparos (…) generándose un caos debido al humo de los gases y a las múltiples detonaciones”, señala el informe.
La investigación identificó una cadena de mando encabezada por Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También figuran el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y altos mandos regionales de la GNB y el Ejército en Aragua.
Entre los oficiales señalados está Orlando Ramón Romero Bolívar, entonces comandante de la REDI Central, quien fue ascendido posteriormente a mayor general y comandante general de la Milicia Bolivariana, y sancionado el 27 de noviembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por su participación en la represión postelectoral.
Inercia del Ministerio Público
Pese a la magnitud de los hechos, el Ministerio Público centró sus investigaciones únicamente en la muerte del sargento primero de la GNB José Antonio Torrents Blanco. De las siete víctimas registradas, solo su caso cuenta con un expediente individual, mientras que las muertes de los manifestantes permanecen sin avances sustanciales.
La Misión de Determinación de los Hechos señaló que, hasta el cierre de su informe, no se reportan progresos en las investigaciones sobre la posible responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado en la muerte de los civiles.
El informe concluye que la represión registrada en Maracay constituye una grave violación de derechos humanos y refuerza los señalamientos de uso sistemático de la violencia letal por parte del Estado venezolano contra la población civil tras el proceso electoral del 28 de julio.
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